09 Sep 2024 23 Años de la Carta Democrática Interamericana
- Noción y bases de la Carta Democrática Interamericana
La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico regional que tiene como propósito principal fortalecer y preservar a las instituciones democráticas de las naciones de las Américas, donde se afirma que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de la región. A través de este instrumento, la Organización de Estados Americanos (OEA), define los elementos esenciales de la democracia y su relación al desarrollo integral y al combate de la pobreza; también establece cómo debería ser defendida cuando está bajo amenaza. Además, promueve una cultura democrática, así como las misiones de observación electoral.
Cabe destacar, que la OEA es el organismo de naturaleza regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada de octubre de 1889 a abril de 1890, en Washington, D.C. En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a conformar una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”. No obstante, formalmente, la OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió en Bogotá, la Carta de la Organización de Estados Americanos (COEA), que entró en vigor en diciembre de 1951. Se puede afirmar que este instrumento constituye la base de las importantes disposiciones adoptadas por el organismo desde su existencia, hasta llegar a la Carta Democrática Interamericana.
Efectivamente, la OEA fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, «un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia». Para lograr sus propósitos, la OEA se basa en los siguientes pilares o fundamentos: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.
En la actualidad, la OEA reúne a 35 Estados miembros independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del Hemisferio occidental. Además, la OEA ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, dentro de los que se cuenta a España, así como a la Unión Europea. En esta organización se reconocen cuatro idiomas oficiales: inglés, español, francés y portugués.
- Antecedentes de la Carta Democrática Interamericana
En el preámbulo de la COEA se estableció que uno de los propósitos fundamentales de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa; constituyendo la garantía de este sistema condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Por ello era necesario darle efectiva aplicación al principio de la solidaridad de los Estados americanos, a través de la organización política sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa, ya que existían algunos problemas políticos, sociales y económicos en la región, que podrían amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos.
Por ese motivo, la OEA dictó la Resolución 1080, de junio de 1991, mediante la cual se instaba al Consejo Permanente de ese organismo, para que elaborase un conjunto de propuestas de incentivo a la preservación y fortalecimiento de los sistemas democráticos en la región, sobre la base de la solidaridad y la cooperación internacional; así como, a convocar de forma inmediata a sesiones, en caso de que se produjeran hechos que ocasionasen interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros.
En ese mismo año, esta resolución fue invocada con motivo del conflicto institucional producido en Haití, por el golpe de estado organizado por las Fuerzas Armadas, en contra del presidente Jean-Bertrand Aristide, y que motivó el envío de misiones diplomáticas para tratar de solucionar el conflicto por medio del dialogo, sin que resultarán eficaces.
En vista de la insuficiencia de aquel instrumento y frente a los retos que enfrentaban las democracias, Don Javier Pérez de Cuellar, quien se desempeñaba como canciller en el gobierno de transición peruano, luego del régimen autoritario dirigido por Fujimori; propuso la elaboración de una Carta Democrática, idea que fue acogida por los jefes de Estados y de Gobiernos en la Tercera Cumbre celebrada en la ciudad de Québec (2001), y que derivó en la comentada Carta Democrática Interamericana.
- Aprobación de la Carta Democrática Interamericana
Previo proceso de elaboración de varios proyectos, luego de una amplia consulta y reflexiva discusión, el 11 de septiembre de 2001, fue aprobada, por aclamación, la Resolución contentiva de la Carta Democrática Interamericana, en Asamblea General de la OEA, en su XXVIII período de sesiones extraordinarias, celebrada en la ciudad de Lima, Perú. Este evento representó un paso transcendental para la defensa del derecho de los pueblos de América a buscar un destino de paz y prosperidad por las vías democráticas, a través de una respuesta colectiva, clara, decidida, oportuna, ordenada y consensuada.
La importancia de su aprobación se puede resumir en las siguientes razones. En primer término, en lo político implicó un serio compromiso de los gobernantes con la democracia, que iba más allá de la exclusiva garantía electoral, y que apuntaba de forma integral a todos los aspectos de la dignidad humana como eje central de su concepción. En lo sociológico, expresa una realidad profunda: los pueblos de América sienten y asumen que tienen derecho a la democracia. Y en lo jurídico, aunque se trata de una Resolución y no de un Tratado, contó con consenso y sirvió como una herramienta de actualización e interpretación de la COEA, dentro del principio del desarrollo progresivo del derecho internacional.
- Contenido de la Carta Democrática Interamericana
Partiendo de la premisa que la democracia representativa se refuerza y se profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía, y que la participación en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad de todos los americanos, la Carta Democrática Interamericana inicia con la obligación de los gobiernos de defender el derecho a la democracia.
Además, desarrolla los temas de la educación y los derechos de los trabajadores. Incluye la eliminación de todas las formas de discriminación y de intolerancia; así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los pueblos migrantes y el respeto por la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas. Determina y profundiza la relación necesaria que debe existir entre democracia y desarrollo económico. Y, muy importante, recoge la indispensable subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legítimamente constituida, con el consiguiente respeto al Estado de Derecho.
En lo que respecta a las acciones que se pudieran adoptar frente a una situación irregular en la región, la Carta muestra su sentido preventivo en referencia al uso de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios en la medida que un gobierno lo requiera o lo solicite, para contribuir a la preservación y fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
En fin, la Carta Democrática Interamericana se constituye en una guía perfectible de comportamiento democrático, que se formuló como muestra de un compromiso con este sistema de gobierno y de vida, y que representa un valioso instrumento para afianzar la democracia en la región, pero que, como es lógico, no ha resuelto ni resolverá todos los problemas que la acechan.
Precisamente, en estos días se cumplen 23 años de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, y consideramos que representa un buen momento para revisar su contenido teórico fundamental, actualizarla en cuanto al avance tecnológico que ha experimentado la sociedad, por su especial incidencia en la garantía de la democracia; y, en fin, reflexionar sobre los mecanismos para hacer efectivo sus postulados.
Alejandro Canónico-Sarabia
Doctor en derecho y Director del Instituto para el Buen Gobierno y la Calidad Democrática de la Universidad Villanueva
