14 Dic 2023 10 años de la Ley de Transparencia: «No hemos notado una mejora clara del funcionamiento institucional»

Con motivo del décimo aniversario de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013), la Universidad Villanueva ha celebrado una mesa redonda sobre los aspectos positivos y negativos de la ley y su eficacia para el buen funcionamiento del sistema democrático.

Al cumplirse 10 años de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, son muchas las cuestiones que permanecen abiertas en torno al alcance y eficacia de esta norma, esencial para el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático.

El Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática de la Universidad Villanueva, en colaboración con la Sección de Comunicación y Derecho del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y el Centro de Investigación de la Transparencia y el Gobierno Abierto, han organizado una mesa redonda para analizar los aspectos positivos y negativos de la Ley, así como reflexionar sobre las posibles propuestas de reformas.

La mesa, moderada por Alejandro Canónico Sarabia, director ejecutivo del Instituto del Buen Gobierno y la Calidad Democrática de la Universidad Villanueva, estuvo formada por profesionales de reconocido prestigio como Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, secretaria general en Fundación Hay Derecho; Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Coruña, Helen Darbishire, executive director at Access Info Europe; Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, copresidente de la Sección de Comunicación y Derecho del ICAM y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y Ernesto Villar Cirujano, periodista y director del Grado en Periodismo en la Universidad Villanueva.

“El primer aspecto positivo es que exista una ley de transparencia”, afirmó Helen Darbishire, ya que España era el único país de la Unión Europea que no tenía una ley de este tipo. Un primer paso al que aún le queda mucho recorrido y un gran margen de mejora. “La transparencia debería ser el resultado del derecho fundamental de acceso a la información pública. La Administración pública es transparente porque los ciudadanos tienen ese derecho fundamental” afirmo Manuel Sánchez de Diego. Una prioridad que según Helen Darbishire debería reconocerse al vincularlo con el art. 23 de la Constitución Española. Por su parte, Rodriguez-Arana afirmó que “la transparencia es una obligación del Estado, pero también un derecho humano que deber ser reconocido”.

Elisa de la Nuez fue más allá a afirmar que “una ley vale tanto como sus garantías, pero ¿hasta qué punto está funcionando?” porque “no hemos notado una mejora clara del funcionamiento institucional”. La transparencia no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin que si no se consigue hay que ver porqué. Para ello, los ponentes hablaron sobre la necesidad de que hubiera una forma de medir con indicadores la calidad de la función política, “hay que evaluar si los objetivos de la ley se cumplen, si los ciudadanos saben que tienen el derecho a exigir que los políticos den cuenta de la administración y gestión, porque eso es la democracia” afirma Rodriguez-Arana. Y es que, puede haber mucha información accesible, pero no sirve de nada si no va unido a una mejora del funcionamiento de las instituciones y a la solución de los problemas reales. “Evaluar la ley es esencial y hay tendencia de legislarlo todo y luego no evaluar” señaló Elisa de la Nuez.  Junto a esto, destacaron la necesidad de establecer un sistema de sanciones: “una ley que no tiene potestad sancionadora es un problema de calidad democrática”, señaló Rodríguez-Arana.

Otro tema a debate fue la politización de los órganos de garantía. Para Ernesto Villar, es un problema “que el nombramiento del presidente del Consejo de Transparencia provenga del gobierno del turno” ya que “los intereses políticos lo contaminan todo”. Todos coincidieron en que una de las mejoras de esta ley sería que hubiera mayor representación de la sociedad civil en el consejo asesor, de modo que hubiera menos control político y una presencia ciudadana sobresaliente. Junto a esto es necesaria una simplificación del acceso a la información, ya que actualmente es un proceso complicado por la difusión de órganos y competencias, la cantidad de tiempo de espera y la escasez de recursos.